Reflexiones desde dentro

ante la convocatoria de cátedras para los conservatorios superiores de Andalucía

29 marzo 2017

Los conservatorios superiores de música suponen una parte ínfima del sistema educativo y responden a una necesidad clara: formar músicos de alta cualificación. Su especificidad y su pequeño tamaño requiere y propicia un tratamiento diferenciado y ajustado a su propósito. No obstante, estos centros siguen regidos en gran parte por normativa genérica para educación secundaria, la cual da lugar a aberraciones funcionales bien conocidas.

El manifiesto por la calidad de la enseñanza musical en los conservatorios superiores de Andalucía, promovido por músicos andaluces de prestigio internacional, ya hizo una acertada crítica a la anterior convocatoria de cátedras tratando de advertir al legislador acerca de las fallas de nuestro marco legal, así como de las reformas necesarias para lograr una educación pública musical superior de verdadera excelencia. La oposición del alumnado y parte del profesorado detuvieron esa convocatoria. Pese a todo, la nueva convocatoria que se publicó ayer, lejos de tomar nota, insiste ostensiblemente en la orientación de la anterior.

Para acceder a una cátedra no habrá que hacer prueba de aptitud alguna, ya sea técnica o pedagógica. Todo se reduce a un concurso de méritos. Y lo que parece ser más meritorio en Andalucía es calentar la silla más tiempo que nadie. Para ilustrar el despropósito del baremo que se empleará en la selección, valga decir que componer y estrenar diez óperas en los mejores teatros del mundo puntúa igual que un año de servicio como funcionario, y que tres años de servicio igualan cualquier trayectoria artística imaginable, por deslumbrante que sea, incluyendo publicaciones y participación en proyectos pedagógicos de toda índole.

El perfil del profesional que esta convocatoria dibuja va a ahuyentar a la mejor generación de músicos que Andalucía ha tenido, que sólo en casos puntuales recalará en un conservatorio superior; a los que estamos dentro nos pone bajo sospecha ante la sociedad. El mensaje que se está enviando a los futuros músicos andaluces es que el mejor camino consiste en colocarse rápido en un puesto público para atrincherarse en él y acumular antigüedad sin más. La valía del trabajo didáctico dentro del aula no cuenta. En doce años como profesor jamás ha visitado mis clases nadie de la Administración. La evaluación de nuestra acción docente también se ha reducido a una ilusión burocrática de control de calidad.

Como profesor de un conservatorio superior me siento un privilegiado: imparto materias que me apasionan a un alumnado motivado e interesado, y recibo un salario digno y estable. Pero creo que, como sucede en muchos centros superiores de Europa, esta estabilidad laboral debería estar sujeta a un escrutinio permanente para que estos puestos estén siendo desempeñados en todo momento por los profesionales más cualificados. Nuestros estudiantes tendrán que hacerse valer en un escenario global y un mercado laboral reducido. Por tanto, la Administración tiene el deber de atraer a los mejores para la educación pública, por encima de criterios localistas, proteccionistas o corporativistas.

Lo que más me preocupa de esta convocatoria es que refleja y consolida el modus operandi de las instituciones del Estado en los últimos años, especialmente en Andalucía. Tiende a reforzar el clientelismo profesional y a tejer cadenas de favores para conseguir que, una vez dentro de esta suerte de aparato educativo, la promoción profesional se consiga moviéndose poco e importunando lo menos posible a nuestros gestores políticos. Y mientras tanto, dejamos caer la educación pública en una mediocridad alimentada por nuestra propia renuncia colectiva y voluntaria a la excelencia.